¿Qué hay detrás de la ley de protección de mamíferos marinos de Estados Unidos?

Los negocios del siglo 21 estarán moldeados por la necesidad de cubrir expectativas sociales en relación a la protección del ambiente, y un desarrollo social inclusivo. Clientes y consumidores que quieren conocer la huella social y ambiental de lo que consumen, e inversores internacionales que sólo financian proyectos que consideren criterios de triple impacto económico, social y ambiental, son los nuevos jugadores que se están imponiendo.

A ello deben sumarse los cambios en la legalidad de los negocios vinculado a las crecientes regulaciones que buscan proteger el ambiente y los derechos humanos. Por ejemplo, recientemente el Parlamento Europeo aprobó el mandato para que la Comisión Europea desarrolle una legislación de debida diligencia para hacer responsables a las empresas de detectar, prevenir y reducir los impactos ambientales y de derechos humanos de sus actividades a lo largo de sus cadenas de suministros.

Estas tendencias regulatorias implican el desafío de desarrollar en la empresa mecanismos internos para la gestión de conflictos de interés propios ante la necesidad de tener que dar respuestas, por parte de sus colaboradores, a diferentes tipos de expectativas y objetivos que no siempre están alineados o son compatibles entre sí.

Los cambios regulatorios, que son una realidad y una tendencia, pueden dejar obsoletas unidades de negocios de un día para el otro. El caso del negocio pesquero es un claro ejemplo en donde cambios normativos a favor de la protección marina y los derechos humanos son esperables si se considera su contexto: sobre explotación del recurso marino, y trabajo caracterizado como de riesgo.

Un ejemplo de esto es la regulación sobre las importaciones de pescado de Estados Unidos en el marco de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Si bien la ley original data de la década de 1970, es en el año 2016 que se profundiza la regulación en relación al mercado de exportación a ese país, redefiniendo nuevas reglas de juego para la industria pesquera vinculadas a la protección marina.

El nuevo contexto de negocio lleva a la industria pesquera a la necesidad de renovar cada vez más su “licencia social” para operar sin elevar, o disminuyendo, el ambiente de conflictividad y costos asociados.

Es por ello que se empieza a observar empresas que dan respuestas positivas a este desafío, alineándose a las mejores prácticas corporativas por medio de la utilización de modelos de gestión que integran en su “tablero de comando” aspectos económicos, sociales, y ambientales. Y esto lo hacen junto a esquemas de gobierno corporativo que contribuyen a permeabilizar estrategias de sostenibilidad, a lo largo y ancho de la organización.

Un nivel de madurez en la utilización de estos modelos puede observarse conociendo cuántas empresas emiten reportes públicos (reportes de sostenibilidad) respecto a su desempeño basado en criterios de triple impacto. No es menor resaltar que esta práctica, desde el año 2016, es obligatoria para las empresas europeas que cotizan en bolsa.

Un estudio hecho por EKOSOS identificó la siguiente cantidad de empresas de la industria pesquera que emiten estos reportes de sostenibilidad: cuatro en Perú, una en Ecuador y una en Argentina. El estudio fue realizado a partir del relevamiento en páginas web de empresas pertenecientes a seis cámaras empresarias pesqueras de los mencionados países.

A nivel internacional, de un relevamiento aleatorio, la consultora identifica empresas multinacionales de origen japonés, noruego y coreano, que tienen esta práctica como habitual. Y según Corporate Register, a nivel general, en el mundo son 10.700 las empresas las que tienen esta práctica. En Argentina, en el año 2020 aproximadamente 200 empresas lo han hecho.

No hay dudas de que los modelos de gestión sostenible asociados a múltiples capitales (económico, natural, humano, y social) son los que empiezan a dar respuestas a las nuevas reglas de juego que el mercado exige cada vez más por medio de: clientes/consumidores, la elección de proveedores en la cadena de valor del sistema de producción internacional, fondos de financiamiento que buscan proyectos que incorporen criterios de triple impacto, o cambios regulatorios.

Fuente: Revista Puerto

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *